Impugnó el capítulo de contrarreformas laborales del DNU 7023 tras un amparo presentado por la CGT y defendió el derecho a huelga que ponía en cuestión el gobierno de Milei. La justicia laboral se volvió un enemigo público de la gestión libertaria. ¿Pero qué desafíos enfrenta la Cámara Nacional del Trabajo concretamente?
Hechos y datos
El pasado 9 de junio de 2025, la cúpula de la Cámara Nacional del Trabajo fue citada por la Comisión Especial de Traspaso de la Justicia Nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, creada por el Ministerio de Justicia, para discutir cómo llevarlo a cabo. Ahora bien, ¿qué implicancias tiene esto para los trabajadores? ¿Cuál es el origen y la finalidad de la reforma que se pretende? ¿Quiénes son los actores en juego? A lo largo de esta nota intentaremos repasar los pormenores del conflicto y dar respuesta a estos interrogantes.
Empecemos por lo primero. La Justicia Nacional del Trabajo está compuesta por 80 juzgados nacionales de primera instancia y 10 salas de segunda instancia, encabezadas por un triunvirato de camaristas, cuyo único tribunal superior es la Corte Suprema. El célebre fuero laboral es el encargado de resolver los litigios que competen a los derechos colectivos y particulares de los trabajadores. Esto se sostiene, fundamentalmente, sobre la Ley de Contrato de Trabajo y la Ley 18.345, también conocida como Ley de Ordenamiento.
El punto del conflicto
Además —y aquí está una de las claves del conflicto— la Justicia Nacional del Trabajo tiene asiento en la Capital Federal y, por ende, su jurisdicción se ve restringida al radio de la CABA. Sin embargo, el fuero laboral se considera competente en todos los juicios donde la firma, razón social o persona física esté radicada en la Capital Federal; donde el trabajador preste tareas en esa misma ciudad; donde se haya celebrado el contrato; o, incluso, tratándose de personas físicas, si el último domicilio denunciado está en CABA (art. 24 L.O.). ¿Qué representa esto? Que el 90% de las empresas del país tienen domicilio legal o fiscal en la Ciudad de Buenos Aires. Por propiedad transitiva, la amplísima mayoría de los juicios laborales tramitan en la Justicia Nacional del Trabajo (JNT).
Asimismo, cuando decimos que el fuero laboral resuelve litigios relativos al derecho colectivo de los trabajadores, nos referimos a que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo debe velar por el cumplimiento de todos los derechos consagrados en la LCT y en la Constitución Nacional. Sin ir más lejos, fue esta Cámara la que hizo lugar al amparo presentado por la CGT en diciembre de 2023 contra el DNU 70/2023, y la que recientemente falló favorablemente en la medida cautelar interpuesta contra el DNU 340/2025, que suspendía el derecho de huelga para amplios sectores del movimiento obrero organizado.
Un poco de historia
Constituida en 1945, durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón, la Justicia del Trabajo tiene como pilar fundante no solo actuar conforme al derecho laboral, sino también en virtud del principio del in dubio pro operario. En otras palabras: “en caso de duda, la razón la tiene el trabajador”. Por eso los principales partidos de derecha han intentado, en distintas oportunidades, quitarle autonomía o disolver la capacidad de acción del fuero.
A partir de la reforma constitucional de 1994 y la declaración de la Ciudad de Buenos Aires como ciudad autónoma, ha habido distintas maniobras en ese sentido. Durante el macrismo se intentó el traspaso directo del fuero a la órbita del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, controlado desde hace casi 20 años por el radicalismo y el PRO. Uno de los principales operadores del TSJ ha sido “el Tano” Daniel Angelici, aunque también han intervenido sectores del peronismo porteño, como el encabezado por Juan Manuel Olmos. Esa intentona fue principalmente impulsada por el PRO, y fue parcialmente derrotada por el conjunto de los trabajadores del Poder Judicial de la Nación, junto con la solidaridad de trabajadores de otros gremios.
Durante el gobierno de Macri la ofensiva contra el fuero laboral fue desmedida, llegando a perseguir a miembros de la cámara por sus fallos favorables a los trabajadores. Tal fue el caso de los camaristas Enrique Arias Gibert, Graciela Marino, y la jueza Dora Temis (JNT59) que fueron objeto de operaciones judiciales y mediáticas por haber fallado a favor de los bancarios en su reclamo salarial frente a la banca extranjera, y a favor de la convocatoria a la paritaria docente, respectivamente. En abril de 2017 incluso se inició juicio político contra los Dres. Arias Gibert y Marino.
La maniobra del gobierno libertario y los judiciales en pie de lucha
Actualmente nos enfrentamos a un experimento que no termina de entenderse. La Legislatura porteña aprobó en diciembre de 2024 la creación de 10 juzgados y 2 salas laborales en el ámbito de la Ciudad. Dichas dependencias aún no se han puesto en funcionamiento. Sin embargo, pocos días después de la aprobación, la Corte Suprema falló a favor de traspasar la competencia del caso “Levinas” al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. Se trata de un hecho insólito, no solo por la posición previa de la Corte —que declaró inconstitucional el traspaso de la Justicia Nacional en distintas oportunidades—, sino porque lo que definió, en concreto, es que un tribunal municipal como el TSJ tiene facultades para revisar y, en su caso, corregir una sentencia de una Cámara Nacional como la CNAT.
A partir de ahí “se abrió la canilla”: más de 1100 casos han pasado a ser competencia del TSJ, de los cuales 900 pertenecen al fuero laboral. En los pasillos de Tribunales se comenta que el TSJ habría pedido ayuda a algunos “amigotes” de la JNT porque no cuentan con personal capacitado para resolver casos laborales. Ridículo.
El traspaso representa una agresión directa a los derechos de los trabajadores y, al mismo tiempo, una maniobra para facilitar el salvataje de empresas amigas del PRO (ya que en el combo también entrarían los fueros Civil y Comercial). Pero, en principio, es materialmente impracticable. No solo porque la Justicia Nacional tiene categorías que no existen en el escalafón de la justicia porteña, sino también porque para absorber a toda la planta deberían incluso quintuplicar su presupuesto. Para dimensionar: la JNT cuenta con aproximadamente 1800 empleados, y el fuero Comercial con 2100.
Además, no está claro qué pasaría con el personal obrero de maestranza, que tiene su propia categorización pero pertenece al Poder Judicial de la Nación, mientras que esas tareas están tercerizadas en los juzgados porteños. La única forma de que el traspaso se concrete parecería ser mediante el vaciamiento, la tercerización o incluso los despidos.
A falta de precisiones sobre la modalidad del traspaso, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación ha declarado el estado de alerta y movilización, con paros los días 6 y 13 de junio, y una movilización con cese de tareas el 9 de junio a la sede de la CNAT. Está por verse si esta lucha puede articularse con otros conflictos que han ganado notoriedad política en las últimas semanas. Hasta el momento, no hay una perspectiva unitaria en ese sentido.
