La necesidad de desendeudar a las familias trabajadoras se volvió un eje central para la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). En ese marco, el gremio anunció una movilización que pretende dejar en claro el alcance del endeudamiento y exigir respuestas a las autoridades. El llamado es para este jueves, 20 de agosto, a partir de las 14 horas, cuando la delegación se dirigirá al Ministerio de Economía para alertar sobre la problemática y reclamar medidas concretas.
Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, fue tajante al describir la magnitud del drama: “Más de 20 millones de personas, casi la mitad del país, están endeudadas y debe existir un programa de desendeudamiento estatal. A esta crisis grave que atraviesan las familias argentinas solo se sale con una respuesta pública”.
El dirigente subrayó que la solución debe ser urgente y que las opciones de pago deben ser reales. Señaló además que “los créditos tomados han sido usurarios y, en la mayoría de los casos, no se pueden cancelar, son impagables”, una situación que amplifica la vulnerabilidad de los hogares ante una cadena de deudas que agrava la vida diaria.
En su exposición, Aguiar afirmó que no se trata de una cuestión meramente individual ni de una negociación entre privados. “Es mentira que, como dijeron Milei y Caputo, se trate de una decisión individual o de un asunto entre privados. Eso se entendería en una decena de casos, pero cuando se trata de 20 millones de personas que están sufriendo este flagelo del endeudamiento, estamos frente a un drama social”, enfatizó el líder sindical.
Además, criticó la desregulación financiera que, según su lectura, fue impulsada por el Gobierno a partir del Decreto 70/2023. Ese marco, afirmó, permitió un accionar abusivo de bancos, financieras, mutuales y billeteras virtuales, con entidades no bancarias que fijan intereses que van desde el 700% y, en la mayoría de los casos, superan el 1300%.
Una batería de herramientas pendiente y un costo humano
En esa línea, Aguiar sostuvo que el Gobierno tiene herramientas y se niega a utilizarlas en favor de la gente. Mencionó que el Banco Central (BCRA) está facultado para intervenir, entre otras cosas, para ponerse un tope al costo de los créditos, es decir, aplicar un tope a las tasas de interés y también a los punitorios, además de regular a proveedores no financieros de crédito con requisitos más exigentes y mayor transparencia. Sin embargo, afirmó, «nada de eso ha ocurrido».
Frente a este escenario, el titular de ATE sostuvo que la ciudadanía ha quedado en una situación de desamparo: “Frente a semejante proceso de endeudamiento, ha incurrido en un abandono de persona, el Gobierno ha dejado a la deriva a toda la ciudadanía”, indicó.
La agrupación presentó datos de una reciente encuesta a empleados públicos de todo el país: el 87% tiene deudas vigentes y, dentro de ese grupo, el 73% las gestiona con varias entidades a la vez. Entre los destinos del dinero, el 40% respondió que lo usa para urgencias médicas, educación o alquiler y expensas, mientras que el 37% lo destina a pagar otras deudas o cubrir comida y ropa.
El relevamiento también evidenció un impacto significativo en la salud mental: el 85,4% de los estatales consultados reportó un deterioro en su bienestar emocional y psicológico durante el último año, con datos como ansiedad (19,5%), angustia y agotamiento (17%), desánimo (16%) y insomnio (15%).
Estos indicadores se inscriben en una coyuntura de morosidad creciente a nivel nacional. Datos del Informe sobre Bancos del BCRA señalan que la morosidad en créditos a familias ascendió al 12,8% en mayo, casi triplicando el valor de un año atrás y marcando el nivel más alto desde 2001, impulsado por préstamos personales y tarjetas de crédito. Aun más problemático resulta el desempeño de billeteras virtuales y entidades no bancarias, donde la mora alcanza el 32% de la cartera, afectando especialmente a jóvenes de entre 18 y 35 años.
