“Chau veto”. Las voces de los manifestantes, emocionados por la restitución de la ley de emergencia en Discapacidad, se multiplicaron en videos y publicaciones en redes. En medio de un escándalo de corrupción que involucra a las más altas cúpulas del Poder, la victoria parlamentaria de la oposición se sintió como una reparación moral.
El Senado argentino vivió una de sus sesiones más significativas, al dejar sin efecto un veto presidencial, algo que no sucedía desde la administración de Eduardo Duhalde en 2003. En aquella ocasión, se trató de una reducción impositiva para la importación de azúcar.
Con 63 votos positivos frente a sólo siete negativos, la Cámara Alta repuso la vigencia de la norma que extiende hasta 2026 la emergencia en materia de discapacidad, garantizando actualizaciones automáticas de aranceles y retroactividad desde diciembre de 2023.
La elección bonaerense bajo la sombra del escándalo de corrupción
Ni el PRO ni aliados provinciales que en otras ocasiones respaldaron a La Libertad Avanza acompañaron en esta oportunidad.
Al mismo tiempo, se avanzó en una reforma clave para acotar el poder presidencial: se aprobó un proyecto que obliga a que los futuros Decretos de Necesidad y Urgencia sean ratificados en un plazo máximo de 90 días por ambas Cámaras. La iniciativa prohíbe además los llamados DNU “ómnibus”, como el 70/2023, y establece que cada decreto trate un único tema. Con 56 votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones, el resultado significó un segundo revés legislativo para el Gobierno en un mismo día.
¿El principio del fin?
Durante más de un año, los vetos y los DNU fueron las herramientas que le permitieron a Javier Milei bloquear leyes de la oposición y avanzar con medidas a pesar de tener minoría en el Congreso. Esta estrategia se basaba, en gran parte, en que el Gobierno contraba con un fuerte apoyo popular, pero esto empezó a cambiar con el paso de los meses, producto del no mejoramiento de la situación económica. Y más recientemente, por el escándalo en Discapacidad desatado tras los audios filtrados del abogado del Presidente, Diego Spagnuolo. La ofensiva parlamentaria coincide con un momento en el que la narrativa oficialista sufre fisuras.
Un episodio reciente refleja posibles grietas en la estrategia oficial: Guillermo Francos, jefe de Gabinete, salió públicamente a disculparse con Luis Juez tras los insultos del mediático “Gordo Dan”, un habitual defensor del Gobierno en redes sociales. “El Gordo Dan no tiene nada que ver con el Gobierno”, aseguró el funcionario en TN, en un gesto de desmarque que sorprendió en la propia tropa libertaria.
El Gordo Dan responde al sector de Santiago Caputo, que fue excluído de las listas, y de quienes algunos sospechan, podrían provenir los audios grabados en Casa Rosada y el Congreso de la Nación.
Algunas voces, como la de Marcela Pagano, hablan de que el Círculo Rojo, que en un inicio lo promovió como herramienta para imponer reformas drásticas, ahora busca disciplinar y “albertizar” a Milei, es decir, convertirlo en un presidente meramente formal mientras otros concentran el manejo político real. El “Massa” designado para Milei sería Guillermo Francos.
El asunto es que Milei se presentó como un outsider, un “loco” con motosierra en mano que venía a sepultar a la escoria de la casta política. ¿Puede existir un Milei descafeinado o significaría el fin de su gobierno? ¿Serán las declaraciones de Francos un indicio en ese sentido?
