En la Argentina contemporánea asistimos a una preocupante exacerbación del odio como herramienta discursiva y política por parte del Gobierno nacional. El fenómeno se ha naturalizado tanto que ya no sorprende escuchar descalificaciones, insultos o demonizaciones desde espacios que, en principio, deberían fomentar el debate democrático. Ahora se agrava, con las denuncias a periodistas por parte del Presidente.
Se ha vuelto costumbre que el opositor político de turno no sea simplemente alguien que piensa distinto, sino un enemigo a eliminar, porque amenaza con destruir todo lo que el Gobierno dice defender.
Este clima se potencia por las nuevas tecnologías, donde las redes sociales funcionan como cámaras de eco multiplicadoras del agravio. Algoritmos que premian la indignación, el sarcasmo o la agresividad crean entornos donde el pensamiento crítico se empobrece, y la conversación pública se convierte en un ring donde gana quien grita más fuerte, no quien razona mejor.
La maquinaria mediática oficialista ha tomado un papel central en esta dinámica. A través de la repetición sistemática de consignas, el uso de estigmatizaciones y la construcción de un “otro” al que se le niega legitimidad, se busca moldear una narrativa que agita los sentimientos de sus seguidores, como un ejército llamado a la carga contra el enemigo inminente.
No es casual: se trata de una estrategia comunicacional planificada, donde el antagonismo se vuelve combustible político y la emoción, una herramienta de control.
En un hecho sin precedentes, el presidente Javier Milei formalizó denuncias a periodistas por calumnias e injurias contra Carlos Pagni, Viviana Canosa y Ari Lijalad, profundizando así una estrategia sistemática de hostigamiento a voces críticas desde los medios.
Lo que podría haberse resuelto con el derecho a réplica o el disenso razonado, fue llevado al terreno judicial con una carga simbólica alarmante: el máximo responsable institucional del país se posiciona como querellante directo contra quienes lo cuestionan, confundiendo el ejercicio periodístico con una afrenta personal.
Las denuncias a periodistas no son inocentes. No solo buscan disciplinar a periodistas específicos, sino enviar un mensaje al resto del ecosistema mediático: opinar distinto puede tener consecuencias penales.
En una transmisión de más de seis horas por el canal de streaming Carajo, llamó “prostitutas de los políticos” a los periodistas, e ironizó con la idea de armar listas de comunicadores “a echar o meter presos”.
En lugar de debatir argumentos, se busca desacreditar a las personas; en vez de refutar ideas, se pretende anular voces. Esta actitud erosiona gravemente las libertades democráticas y pone en jaque la libertad de expresión como pilar de la democracia.
Detrás de estos discursos se esconde un cálculo estratégico: el odio moviliza. Genera pertenencia, cohesión interna, una falsa sensación de claridad moral. Lo complejo se simplifica: ya no hay matices, ni zonas grises, ni razones que valgan. Solo están los buenos y los malos. Los nuestros y los otros. En esa lógica maniquea, peligrosa, el disenso no se tolera, se combate.
Giuliano da Empoli, en Los ingenieros del caos, advierte sobre cómo los nuevos líderes populistas no solo permiten el odio, sino que lo cultivan y lo organizan. Habla de “bancos de odio”, lugares virtuales donde se acumulan resentimientos y frustraciones, para luego ser dosificados y dirigidos estratégicamente contra adversarios seleccionados. No es un estallido espontáneo: es una política deliberada de manipulación emocional.
El discurso de odio, en su esencia, deshumaniza. Y una vez que el otro deja de ser humano, cualquier cosa se vuelve justificable. Por eso el fenómeno no puede ser tomado a la ligera ni relativizado con excusas de libertad de expresión. Veamos lo que ocurrió hace unas semanas, cuando el periodista Roberto Navarro fue agredido, luego de que el presidente dijera que la sociedad “no odia lo suficiente” a los periodistas. Lo que empieza como retórica termina, casi inevitablemente, en violencia física.
Las democracias no se sostienen solo con elecciones, sino con el respeto a la pluralidad, con la capacidad de reconocer al otro como interlocutor válido. El periodismo incómodo es una necesidad democrática. Si el poder no tolera preguntas, entonces no es democrático, por más urnas que lo hayan legitimado.
No se trata de ser ingenuos: la política es confrontación, claro que sí. Pero una cosa es confrontar ideas y otra muy distinta es confrontar personas. Si el odio se convierte en norma, si el castigo simbólico y literal al que piensa distinto se vuelve moneda corriente, entonces habremos retrocedido décadas en calidad democrática.
Hoy, en medio de este vendaval de gritos vamos a detenernos a pensar. A pensar el odio, a desarmar sus trampas, a recordar que sin palabras libres no hay democracia posible. Porque cuando todo parece ruido, el pensamiento es resistencia.
